Austria: Evolución del arbitraje: situación actual y perspectivas futuras

Austria y su capital, Viena, siguen siendo un punto de referencia para el arbitraje internacional y la resolución de litigios comerciales nacionales e internacionales. Como complemento a su fiable marco jurídico, cuenta con un historial igualmente sólido y continuado de colaboración con los sistemas jurídicos y los sectores industriales predominantes en Europa Occidental, Oriental y Central, lo que la sitúa a la vanguardia en el servicio a este mercado a escala mundial. En su afán por mantener su prominencia como sede central del arbitraje internacional, Austria ha introducido importantes cambios legislativos y ha revocado prácticas judiciales arraigadas a lo largo de la última década. Con la llegada del nuevo año y el objetivo de atender las preocupaciones de los clientes orientadas al futuro, merece la pena destacar estas transiciones recientes para considerar de manera efectiva el estado actual de la ley y lo que puede estar por venir en los próximos meses.

Con la revisión de 2013 de la Ley de Enjuiciamiento Civil austriaca (CCP), el Tribunal Supremo de Austria se ha convertido en la primera y última instancia en la mayoría de los asuntos relacionados con el arbitraje y, por lo tanto, se encuentra entre una minoría de jurisdicciones en las que las resoluciones sobre las mociones de anulación no están sujetas a un recurso posterior tras la emisión de un laudo definitivo. En consonancia con esta evolución, se han producido una serie de cambios significativos en la jurisprudencia del Tribunal Supremo que sientan las bases de un panorama arbitral más rico.

Desafíos procesales y trato justo

La decisión más reciente del Tribunal centrada en la suficiencia del razonamiento subyacente en el laudo arbitral se remonta al 28.09.2016 (18 OCg 3/16i) y marca uno de esos puntos de inflexión fundamentales en la inversión de las prácticas de larga data de los tribunales austriacos. Mientras que la anulación de laudos arbitrales sobre la base de una motivación insuficiente o la ausencia de la misma no se había considerado anteriormente una violación del orden público procesal, el Tribunal consideró ahora que una desviación del artículo 611 (2) párrafo 5 ACCP podría ser un motivo de incumplimiento exigible. En particular, sostuvo que: El razonamiento no debe ser ilógico o contrario a la decisión, ni debe limitarse a "frases sin sentido" (inhaltsleere Floskeln); Aunque un laudo no puede ser reevaluado en cuanto a sus méritos, esto no niega la necesidad de proporcionar una relación completa sobre qué consideraciones informan la decisión del tribunal;

Siempre que el tribunal haga referencia a su propia posición durante el curso del arbitraje, un laudo arbitral sólo estará entonces suficientemente motivado si su posición también se discute en el laudo posterior.

El convenio arbitral y la ley aplicable

El asunto se planteó de nuevo ante el Tribunal el 07.09.2017 (18 ONc 1/17t). Esta vez se establecieron principios rectores sobre un campo más amplio de cuestiones:

En materia de plazos en los procedimientos especiales de impugnación acordados por las partes, el Tribunal se distanció de la anterior terminología ambigua de "sin demora" (unverzüglich) y apuntó hacia la duración más precisa de 15 días detallada en las Reglas de Viena posteriores a 2013;

Al reiterar su función supervisora en los procedimientos de impugnación, el Tribunal se basó en la Sección 589(3) del CCP, sosteniendo que los nuevos hechos sólo podían invocarse para complementar los argumentos existentes que se habían hecho valer anteriormente;

Por lo que respecta al trato equitativo en virtud del artículo 594, apartado 2, del CCP, debe distinguirse entre "equitativo" e "igual"; contrariamente a la suposición de que ambos términos pueden utilizarse indistintamente, una diferencia objetiva en la duración de los plazos no implica una vulneración del derecho a un trato equitativo.

Conflicto de intereses

Por último, es la cuestión de la independencia del árbitro la que ha ocupado un lugar destacado en la reciente sentencia del Tribunal Supremo de 15.05.2019 (18 ONc 1/19w). En este caso, el árbitro que había sido designado conjuntamente por seis demandados, reveló que su bufete de abogados había sido contratado por una parte en un arbitraje no relacionado. Además, se reveló que esta parte también había contratado abogados para dos de los demandados en el presente arbitraje. Así pues, la cuestión se centraba en si un árbitro que actuara en doble calidad de abogado de parte en un arbitraje y de coabogado en otro vulneraría el principio de independencia del árbitro y daría lugar a su descalificación. El Tribunal adoptó una norma estricta que refuerza la noción de que no sólo debe hacerse justicia, sino que debe verse que se hace. Estableció que una parte integral de estos esfuerzos no es sólo una muestra de competencia, sino de confianza en jueces de tribunales estatales independientes e imparciales y en un sistema judicial imparcial en su conjunto, sosteniendo que:

Las Directrices de la IBA pueden servir de ayuda útil para aplicar este elevado estándar a los procedimientos de recusación arbitral;

Si bien los compromisos periféricos entre árbitro y abogado son parte integrante de la realidad financiera y profesional en el ámbito arbitral, las dudas se consideran justificadas si un tercero razonable e informado concluye que existe la probabilidad de que la toma de decisiones del árbitro pueda verse influida por factores distintos de los hechos presentados por las partes;

La cooperación de varios representantes legales designados por una parte va más allá de los contactos de naturaleza periférica, ya que significa una relación más estrecha tanto en términos de tiempo dedicado como de contenido del asunto tratado;

A diferencia de las Directrices de la IBA, que sugieren que actuar como coasesor actual o haberlo hecho en el transcurso de los últimos tres años podría poner en duda la imparcialidad de los árbitros, el Tribunal Supremo adoptó una postura más rigurosa al señalar la coasesoría actual como una justificación legítima para la destitución;

La representación legal conjunta se considera contemporánea ("co-consejo actual") y, por lo tanto, causa de preocupación justificada a efectos de la imparcialidad del árbitro si la representación legal conjunta se basa en un mandato otorgado después de que el tribunal arbitral se constituyera y durante un arbitraje en curso - este principio, por lo tanto, también se aplica al árbitro y al abogado que actúan como co-consejo en un asunto no relacionado con el que está en cuestión.

Comentario

La centralización de la jurisdicción austriaca en materia de arbitraje es ciertamente bienvenida. Su doble enfoque de proporcionar una orientación rigurosa y, al mismo tiempo, permitir un enfoque contextual para dejar espacio para considerar las circunstancias de hecho del caso ante el que se encuentra, ha servido enormemente para mejorar la calidad y la eficiencia general de los arbitrajes austriacos. En lo que respecta a los laudos arbitrales, las normas esbozadas por el Tribunal Supremo tanto en relación con el proceso de redacción de los laudos como con la evaluación de las tasas de éxito en los procedimientos de anulación sirven tanto a los árbitros como a los asesores. Del mismo modo, su mitigación de las normas jurídicas estrictas en los procedimientos de recusación crea un marco de arbitraje moderno adecuado para satisfacer las preocupaciones, necesidades y demandas de la comunidad arbitral, así como la práctica jurídica contemporánea en su conjunto. Aunque el enfoque de la Corte sobre la cuestión del conflicto de intereses es significativamente más estricto por naturaleza (yendo más allá de los límites de las Directrices de la IBA), sería falso esperar un aumento incremental de las reclamaciones. Por el contrario, es en virtud de la calidad de las normas subyacentes decisivas como pueden eludirse los retrasos indebidos.

A la luz de estos recientes avances, Austria ha consolidado su posición como jurisdicción favorable al arbitraje, definida por una legislación moderna y dotada de un Tribunal Supremo eficiente. Para el año 2020, se dice que Austria verá eliminada una de las últimas restricciones al arbitraje que le quedaban (Baker McKenzie, The Year Ahead, 2020: p6(3))^[1] En la actualidad, la facultad de celebrar acuerdos de arbitraje en nombre de otra parte está sujeta a normas rigurosas, incluido el requisito de que el poder conste por escrito. Se dice que estas normas serán suavizadas por la futura legislación, cuyas implicaciones están por ver. Baste decir que el cambio de dirección de la jurisprudencia del Tribunal Supremo austriaco promete ser fructífero para seguir reforzando la reputación del país como lugar preferente y de alta calidad para el arbitraje.